Se puede incurrir en el delito de omisión del deber de socorro no solo por ser responsable o causante del accidente y huir del escenario sin prestar ayuda a quienes han sufrido daños sino también por ser testigo de los hechos y no ofrecer auxilio de ningún tipo. El elemento clave, por tanto, es aquél de “no hacer nada por ayudar a un semejante en situación de desamparo y peligro manifiestos”, es decir, la ausencia absoluta de solidaridad social.
Con el objeto de evitar que esto ocurra, los artículos 195 y 196 del Código Civil configuran este acto delictivo definiendo responsabilidades. No obstante, existe un matiz importante y es que se exime de todo compromiso a la persona que no participa en la operación de rescate o socorro precisamente por el riesgo que esto entraña para su propia integridad. De la misma manera que, si se produce el fallecimiento inmediato de la víctima, este delito podría no entrar en consideración ya que de ninguna manera la persona podría ser socorrida.
Las situaciones y, por tanto, las resoluciones judiciales son muy dispares. No es lo mismo pasar por delante de un accidente de tráfico y no detenerse porque los heridos ya están atendidos que hacerlo cuando las personas accidentadas yacen a la espera de algún tipo de asistencia. Como tampoco se puede esperar el mismo tipo de intervención de una persona con movilidad reducida quien, por otra parte, de no solicitar ayuda también podría ser acusada de omisión de su deber de socorro.
Las acciones punitivas, sin embargo, son diferentes cuando el causante del accidente obvia esta misma obligación. En estos casos las penas pueden incluir la privación de libertad de entre 6 y 18 meses, si las causas del suceso son fortuitas, o de 6 meses a 4 años si la situación es resultado de una imprudencia. Medidas que son todavía más rigurosas cuando es el propio personal sanitario que no cumple con su obligación de ofrecer ayuda. Además de las penas reseñadas en el artículo 195, podía también aplicarse la inhabilitación profesional por un período de hasta 3 años.
La situación, sin duda alguna, es delicada por lo que el asesoramiento legal siempre es aconsejable. No obstante, para la resolución de cualquier duda jurídica relacionada con este tema o cualquier otro, el equipo profesional de AGOTE ABOGADOS queda a su entera disposición.
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