Recargos por tardanza.

Dilatar la aceptación de una herencia tiene un precio. De hecho, el incumplimiento de los plazos en la tramitación sucesoria puede derivar en gastos adicionales que van más allá del Impuesto de Sucesiones. Una tasa que, por cierto, grava los incrementos de patrimonio (como puede ocurrir a través de una herencia o donación) y cuya cuantía varía en función de cada Comunidad Autónoma. Y que debe ser liquidada en un máximo de 6 meses tras el fallecimiento.

Si bien es cierto que los herederos pueden solicitar una prórroga por otro período de la misma duración, esta solicitud no es gratuita. Además de que requiere ser presentada en un período de tiempo determinado, supone asumir la responsabilidad de los intereses de demora que correspondan hasta la fecha en la que se realice el abono. De no cumplirse con el pago de este tributo, el coste incrementa todavía más ya que se sanciona económicamente en función de la extensión de la demora tal y como establece la Ley General Tributaria.

Si, por otro lado, se efectúa la liquidación cuando ya han transcurrido 12 meses desde el término del plazo estipulado, el recargo aplicable es del 20%. A esta sanción se le podrían añadir los intereses de demora si la prórroga no se ha solicitado correctamente, no se ha presentado en plazo o se ha ignorado el posible  requerimiento o aviso de la Agencia Tributaria. Es decir, no respetar el procedimiento o los vencimientos de tramitación puede suponer un importante incremento de gastos innecesarios y que podrían ser evitados.

Ahora bien, en el caso de existir algún conflicto entre los herederos que termine en los Tribunales, los plazos tributarios se interrumpen por lo que no será necesario liquidar el impuesto sucesorio hasta la sentencia. Este supuesto implica la necesidad de presentar, en su momento, la comunicación y la acreditación del litigio pertinentes que prueben y justifiquen la ejecución de gestiones fuera de fecha. Pero, una vez más, también en la presentación de la demanda resulta crucial atenerse a los plazos legales para no tener que hacer frente a recargos y sanciones adicionales.

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