Las condiciones de la legítima defensa.

La legítima defensa no es sino un argumento jurídico que considera justificada la comisión de un delito lo cual puede desencadenar la reducción o cancelación de la pena. Estas circunstancias que explican y, en cierto modo, disculpan la conducta delictiva deben, sin embargo, responder a una serie de condiciones muy concretas.

Para empezar, el acusado debe demostrar que ha actuado de determinada manera como defensa (propia o de otra persona) ante un ataque previo y que ha  utilizado los medios necesarios e imprescindibles para ello, es decir, que no quedaba otro remedio que recurrir a ellos. Además hay que evidenciar que no ha existido provocación alguna por su parte y que el atacante ha actuado  sin ningún derecho. 

Más allá de la alegación de legitimidad en la defensa, existen otras circunstancias que pueden aligerar la carga penal. Es lo que ocurre cuando , por ejemplo, se obra en cumplimiento de un deber, oficio o cargo o en un estado de necesidad, escenarios que implican necesariamente un análisis profundo y detallado de la situación.

Un alegato sólido y verificado de legítima defensa, por tanto, no solo puede excluir la pena de prisión o multa sino que también cancelar la indemnización de los daños y perjuicios causados tanto por parte del autor como de quienes  le hayan ayudado o inducido. En caso de no cumplir todos los requisitos, sino solo parte de ellos, la pena se mantiene pero puede verse rebajada en uno o dos grados (artículos 21.1º y 68 del Código Penal). Y, como atenuante, se aplicaría la pena más baja correspondiente al delito cometido (artículo 66.1.1ª CP).

No obstante, para la resolución de cualquier duda jurídica relacionada con este tema o cualquier otro, el equipo profesional de AGOTE ABOGADOS queda a su entera disposición. Confidencialidad absoluta y respuestas claras en cada consulta.

 

Fuente: ElPaís/Mundojurídico/La Vanguardia/Besolvers

 

 

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