El compliance penal.

Dicho en modo breve, el compliance penal consiste en un conjunto de herramientas de carácter preventivo para evitar la comisión de infracciones penales en el contexto empresarial. Pero va más allá de la mera implementación de sistemas que anticipen los actos delictivos en la sociedad y trata de proporcionar un modelo que aporte visibilidad a la empresa y un mayor control sobre sí misma. Un formato de actuación que permite la toma de decisiones más acertada con el mínimo riesgo legal o reputacional.

Este concepto regulador nació con el objeto de controlar la extendida corrupción que dominaba el mundo empresarial y que terminaba comprometiendo a la sociedad. En este sentido, el compliance penal centra sus esfuerzos en controlar actos punibles de las personas jurídicas como la estafa, el blanqueo de capitales, el cohecho o el tráfico de influencias entre otros. Todos ellos expuestos a la aplicación de penas que pueden variar desde multas de hasta 9 millones de euros, suspensión de las actividades empresariales por un período determinado, clausura de locales, inhabilitación para la obtención de ayudas públicas o incluso la disolución de la persona jurídica.

El compliance penal queda regulado en el artículo 31 bis del Código Penal, situado en el Título II (de las personas criminalmente responsables de los delitos). Y determina que las personas jurídicas serán penalmente responsables tanto de los hechos cometidos en su nombre y en su beneficio directo o indirecto así como de los  llevados a cabo durante el ejercicio de actividades sociales.

Especifica, además, el procedimiento para poder ejecutar la prevención de forma adecuada. Esto es, la necesidad de identificar con anterioridad las actividades más propensas a la comisión de hechos ilícitos; la definición del protocolo de actuación en cada caso; el establecimiento del sistema disciplinario oportuno y la verificación periódica del modelo entre otras particularidades. No obstante, para la configuración de un compliance penal efectivo se puede contar también con la ayuda de numerosas normas nacionales e internacionales que sirven como referencia y facilitan la composición estratégica y eficiente del modelo preventivo.

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